AN sanciona Ley de Amnistía y evalúa reforma a Ley del Odio por «mal uso»
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática excluye expresamente a militares y civiles acusados de estar incursos en conspiraciones o levantamientos con apoyo de países extranjeros. Familiares de detenidos en Zona 7, a quienes Jorge Rodríguez prometió excarcelar una vez se aprobara la norma, observaron el debate en sus celulares
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad este jueves 19 de febrero la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, un instrumento compuesto por 16 artículos que busca beneficiar a personas vinculadas a hechos políticos. Para supervisar su aplicación, el Parlamento designó una comisión especial de 23 diputados que también velará por el uso adecuado de la Ley Contra el Odio.
La comisión estará presidida por Jorge Arreaza y tendrá como vicepresidenta a la diputada Nora Bracho. También la integran Pedro Infante, Grecia Colmenares, Carolina García Carreño, Tania Díaz, Nicolás Ernesto Maduro Guerra y Cilia Flores, pese a estar detenida en Estados Unidos desde el pasado 3 de enero, junto con Nicolás Maduro, entre otros parlamentarios.
Durante la sesión, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el programa de convivencia y paz evalúa los alcances de la Ley Contra el Odio y adelantó que «es muy probable» que esta norma sea reformada. «Hubo situaciones de mala utilización de la Ley Contra el Odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido», afirmó.
La discusión del proyecto había sido diferida la semana pasada debido a desacuerdos entre diputados oficialistas y opositores sobre el alcance de los beneficiarios de la amnistía. Aunque la bancada opositora votó a favor del artículo 7, Bracho explicó que lo hicieron porque están «comprometidos con la libertad de los presos políticos y de los perseguidos». También establece que nadie puede ser detenido después de haber solicitado la medida.
La diputada insistió en que la ley debe operar a pleno derecho, sin trámites restrictivos para sus beneficiarios, y planteó que estos deberían recibir un tratamiento preferente «para dar tranquilidad a quienes están injustamente privados de libertad». Destacó además que el artículo 7 permite la representación legal de personas que se encuentran en el extranjero y que estas permanezcan en libertad. Otras modificaciones incorporaron un plazo de solo 15 días para que los tribunales revisen y otorguen las medidas de amnistía.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática excluye expresamente a militares y civiles acusados de estar incursos en conspiraciones o levantamientos con apoyo de países extranjeros. Familiares de detenidos en Zona 7, a quienes Jorge Rodríguez prometió excarcelar una vez se aprobara la norma, observaron el debate en sus celulares.
Tensiones en el debate
La sesión estuvo marcada por algunos intercambios entre parlamentarios de ambas bancadas. Arreaza aseguró que previamente se había desarrollado un debate amplio y con «grandes consensos», por lo que pidió evitar que la discusión en plenaria se utilizara para reabrir cada artículo o para «ganar con cálculos políticos algunas adherencias».
En medio de las intervenciones opositoras, Rodríguez solicitó «orden y calma» a los diputados oficialistas. Incluso, en tono irónico, comentó que una técnica de relajación que había practicado antes de la sesión «no le había funcionado» y pidió avanzar en la votación.
El punto más controvertido fue el artículo 7, que establece que los beneficiarios deben presentarse ante la justicia para acceder a la amnistía. La exigencia no figuraba en la versión original y generó preocupación entre ONG y familiares, que objetan que las víctimas deban acudir ante los mismos tribunales que los procesaron.
Otro de los puntos de fricción fue la solicitud de la oposición de eliminar la palabra «violentos» del cuarto hecho contemplado en el artículo 8. El diputado Luis Florido argumentó que los hechos «pueden ser violentos o no». Arreaza respondió que esa modificación «ni se debatió, ni se discutió, ni se sometió a votación, ni se acordó».
Las intervenciones dejaron en evidencia diferencias sobre algunos aspectos de la redacción final del texto y sobre el alcance de los consensos alcanzados durante las discusiones previas.
Rodríguez sostuvo que la amnistía «se refiere a hechos» y no a personas específicas, y afirmó que no podían incluirse supuestos que abarcaran de manera general el sistema penal venezolano.
La Ley de Amnistía aprobada en segunda discusión amplió el número de hitos políticos cubiertos y ahora abarca 13 momentos de convulsión social y política ocurridos entre 1999 y 2026, tres más de los contemplados en la versión inicial. Entre los episodios incluidos figura el período de funcionamiento de la Asamblea Nacional entre 2016 y 2021, cuando estuvo bajo control opositor y el chavismo bloqueó su actuación e impulsó cargos penales contra sus integrantes. También se incorporaron los hechos relacionados con la convocatoria y elección de candidatos en las primarias opositoras de 2023, así como las manifestaciones y hechos violentos ocurridos tras las elecciones de julio de 2024. Quedaron excluidos, sin embargo, quienes han sido señalados por rebeliones militares.
No fueron amnistiados expresamente los procesados por los llamados «delitos de odio», categoría bajo la cual se han abierto causas por publicaciones críticas en redes sociales o mensajes privados. Organizaciones de derechos humanos y familiares de presos habían presionado para que se derogaran leyes utilizadas en la represión, como la Ley contra el Odio, pero esa demanda no prosperó. El presidente del Parlamento sostuvo que esa norma sigue siendo «muy útil», aunque reconoció que en algunos casos no fue aplicada «de forma adecuada».
Tras nuevas modificaciones, el texto permite que quienes se encuentren fuera del país puedan actuar mediante un abogado de confianza y establece que nadie podrá ser detenido después de solicitar la medida. También se incorporó la posibilidad de que los amnistiados se reincorporen a la vida pública, lo que podría facilitar la restitución de derechos políticos. Además, se añadió explícitamente el principio de favorecer al acusado ante cualquier duda en la aplicación de la ley y se fijó un plazo máximo de 15 días para que los tribunales decidan sobre cada caso.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
