AN sanciona derogatoria del Estatuto de Roma y aprueba su presupuesto para el 2026
Tras aprobar la derogatoria del Estatuto de Roma en segunda discusión, la Asamblea Nacional (AN) avanzó con la presentación del presupuesto legislativo para 2026, marcado por un discurso de resistencia frente a sanciones internacionales, presentó el presupuesto del BCV y aprobó un acuerdo por la declaración del joropo como patrimonio cultural
La Asamblea Nacional (AN) sancionó este jueves 11 de diciembre la Derogatoria de la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), un instrumento impulsado por el oficialismo bajo el nombre de «Ley por Palestina y la humanidad, ley derogatoria del Estatuto de Roma». Además, se avanzó en la discusión del proyecto de presupuesto del Parlamento para el ejercicio económico financiero 2026 y se discutieron otros puntos.
El Parlamento aprobó por unanimidad, en segunda discusión, la ley que deroga por completo la adhesión de Venezuela al Estatuto de Roma, vigente desde 2000. La disposición derogatoria única establece que queda sin efecto la ley aprobatoria publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 5.507, del 13 de diciembre de 2000.
Este instrumento legal fue presentado como un gesto político para «acompañar al pueblo palestino» y, al mismo tiempo, como una denuncia del oficialismo sobre la supuesta «inutilidad» de la Corte Penal Internacional (CPI) y su «vasallaje al imperialismo norteamericano».
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Presupuesto de la Asamblea Nacional para 2026
La AN aprobó luego el presupuesto de la Asamblea Nacional para el ejercicio económico financiero 2026. La encargada de presentarlo fue la diputada Geraldina Parada, en representación de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional.
El monto planteado asciende a 7.046 millones 777 mil 671 bolívares, financiados por fondos operativos recurrentes y una fuente específica destinada a proyectos.
Según la presentación, el presupuesto está orientado a:
- Impulsar la participación del Poder Popular.
- Fortalecer la integración y la solidaridad internacional.
- Incentivar la estrategia comunicacional del Parlamento.
- Mejorar la eficiencia administrativa del Poder Legislativo.
Parada sostuvo que cada partida del informe «no representa números fríos», sino «símbolos de resistencia y dignidad del pueblo» ante las sanciones internacionales y el contexto económico, pero no desglosaron los montos. Atribuyó los avances institucionales a las decisiones del Ejecutivo bajo el liderazgo de Nicolás Maduro.
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Presupuesto del BCV para 2026
La plenaria también aprobó el informe del presupuesto de ingresos y gastos del Banco Central de Venezuela (BCV) para 2026. La diputada Lizeth Muñoz, encargada de la presentación, aseguró que el país enfrenta «1.047 medidas coercitivas unilaterales», que han afectado el desempeño institucional y transaccional de la economía.
El BCV proyecta para 2026:
- Ingresos operativos: Bs 35.786 millones
- Gastos operativos: Bs 114.248 millones
- Distribución presupuestaria:
- 38% gastos corrientes
- 11,40% gastos de capital
- 18,16% seguridad social
- 30,7% gastos estratégicos
- 1,96% rectificaciones
El informe define el presupuesto como una «expresión de soberanía» y un instrumento para «garantizar la paz y la justicia social».
La AN también discutió otros puntos, entre ellos la declaratoria del joropo como patrimonio de la humanidad. En la sesión se aprobó un acuerdo en respaldo a la declaratoria de la Unesco del joropo venezolano como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
El proyecto fue presentado por el cantautor y diputado Cristóbal Jiménez, quien destacó la diversidad de estilos del joropo.
También se dio la primera discusión de la reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación. La diputada Rodbexa Poleo presentó una reforma que busca modernizar la carrera del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), elevar los estándares de ingreso y ascenso, sumar exigencias académicas formales y fortalecer la profesionalización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
