AN de Guaidó rechazó ataques y campañas difamatorias contra medios
La AN de Guaidó también aprobó dos acuerdos referentes al visto bueno para el pago de deudas contraídas con bufetes internacionales para la defensa de activos venezolanos en el exterior
La Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó, reconocido además como mandatario interino por más de 50 países, rechazó en una sesión de su comisión delegada los ataques y campañas difamatorias que han sufrido varios medios de comunicación durante la primera semana de enero.
Dos horas luego de convocada, la comisión delegada inició su segunda sesión ordinaria del año, donde se debatió la situación de varios medios que han sufrido campañas difamatorias como Efecto Cocuyo, El Pitazo y Fe y Alegría, ataques cibernéticos contra TalCual o medidas de cierre contra VPI TV o el diario Panorama.
El presidente de la Comisión permanente de Cultura y Recreación, Alexis Paparoni, dijo que estos ataques constantes a la prensa han llevado a Venezuela a ser el segundo peor país en América Latina sobre garantías para la labor periodística, solo superados por Cuba.
«Existen denuncias serias por parte de organismos internacionales y de derechos humanos sobre la campaña permanente de desinformación por medios oficiales y de acoso y bloqueos a medios independientes como Efecto Cocuyo, TalCual, Fe y Alegría«, dijo el parlamentario.
Mientras que la vicepresidenta de la Comisión permanente de Medios, Sonia Medina, dijo que también se han usado órganos como Conatel y el Seniat que han ejercido medidas “represivas, abusivas y arbitrarias al margen de la ley” contra estos medios con el objetivo de «cerrar, censurar y callar».
Además, se han iniciado campañas de descrédito contra algunos medios y organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión, y que según la diputada forma parte «de lo que hacen las dictaduras cuando se ven acortraldas, cuando están en sus peores momentos».
Por último, el presidente de la Comisión de Medios, Jony Rahal, dijo que esa instancia parlamentaria desde hace cinco años ha documentando y visibilizado las violaciones sistemáticas contra la libertad de expresión, además de «mecanismos perversos implementados para crear una hegemonía comunicacional de censura, autocensura y extorsión contra los medios en Venezuela».
Rahal advirtió que todo aquel funcionario que ejecute las órdenes del régimen de Maduro también están cometiendo delitos de lesa humanidad y tendrán que enfrentar al sistema de justicia por emprender acciones ilegales. “Seguiremos denunciando con nombre y apellido, los funcionarios que cometen estas agresiones para que cuando haya libertad en Venezuela se haga justicia”.
El presidente de la AN, Juan Guaidó, también denunció el aniquilamiento de la libertad de expresión «que ha sido cercenado para impedir el derecho a la información por ser una amenaza para la dictadura».
Guaidó subrayó que 7,7% de la población venezolana tiene acceso a internet, lo cual limita la posibilidad de comunicación y consultar los diferentes portales web informativos para conocer el acontecer diario que optaron por este formato digital debido a la falta de papel para imprimir periódicos.
Deudas por pagar
La AN de Guaidó también aprobó dos acuerdos referentes al visto bueno para el pago de deudas contraídas con bufetes internacionales para la defensa de activos venezolanos en el exterior, y que están siendo reclamados por tenedores de bonos o empresas afectadas en cortes y tribunales internacionales.
Los acuerdos fueron presentados por el diputado Carlos Paparoni, presidente de la Comisión permanente de Finanzas, quien además presentó un informe hecho por esa instancia sobre las deudas contraídas bajo concepto de defensa judicial en el extranjero por parte de la Procuraduría especial.
En el informe, se dictaminó que si bien la Procuraduría incurrió en contrataciones sin disponibilidad presupuestaria, «se hicieron para proteger un bien superior», por lo que el pago de esas facturas «es indispensable» para la continuidad de los juicios donde se defienden activos venezolanos.
La Comisión de Finanzas exhortó la Producaduría especial para que, «en un modo diáfano», informe sobre las estrategias y acciones que orientan para la recuperación y protección de activos, se subsanen errores procedimentales con montos establecidos y exposición de motivos; además de que todo gasto debe estar autorizado por la Asamblea Nacional.
También, dicha instancia parlamentaria solicitó a la Contraloría y la Procuraduría especial para que elaboren un informe sobre la probabilidad de éxito de litigios en curso. En total, el gobierno interino y sus entes descentralizados deberían$ 19.965.423,86, según la Comisión de Contraloría.
Pero en los dos acuerdos leídos por el secretario, la AN de Guaidó solo aprobó la cancelación de $18.749.681,49, por deudas que habrían sido contraídas entre 2019 y 2020. Además, se pide un informe de presupuesto de gastos desagregados de 2021 de la Procuraduría.
