AN de Guaidó investigará denuncias sobre trata de personas en Apure
Ya la AN de Guaidó, a través de una comisión especial, investiga las desapariciones de al menos 90 personas en las costas venezolanas durante 2019, especialmente en Sucre y Falcón, y que estarían vinculadas a la trata de personas hacia Trinidad y Tobago
La Asamblea Nacional (AN) presidida por Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por más de 50 países, investigará las denuncias sobre una red de trata de personas, que incluía prostitución infantil, en el estado Apure y que fue desmantelada el pasado 14 de enero.
Guaidó dijo que el llamado a todo el parlamento es hacer seguimiento a este caso, «que viene a mostrar el efecto de una catástrofe humanitaria», por lo que pidió a las comisiones permanentes de Familia, Política Interior y Defensa para que investiguen esta red en particular y hagan las denuncias correspondientes.
Las redes de trata de personas no son nuevas en las costas venezolanas. TalCual en alianza con la plataforma Connectas, en el marco del apoyo de la iniciativa del International Center for Journalist (ICFJ, por sus siglas en inglés), desarrolló la investigación Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula, que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
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Ya la AN de Guaidó, a través de una comisión especial, investiga esas desapariciones de al menos 90 personas en las costas venezolanas durante 2019, especialmente en Sucre y Falcón, y que estarían vinculadas a la trata de personas hacia Trinidad y Tobago.
Romny Flores, presidente de la Comisión de Familia, dijo que lo más alarmante de esta red de trata de personas es la participación de funcionarios militares en este tipo de delitos. «Esto no solo ocurre en Apure, que es el caso específico que debatimos hoy, ocurre en toda nuestra fronteras».
Aseguró que son organizaciones que se encargan de la explotación humana, y se aprovechan de «niñas y jóvenes que en lugar de estudiar, a consecuencia de la necesidad y falta de oportunidades, son captadas por estas personas».
Este régimen promueve la explotación humana, afirmó el diputado Flores, «y en consecuencia la degradación de nuestras mujeres, y principalmente de niñas y jóvenes. Debemos denunciar ante el mundo la promoción de estas prácticas por parte de la dictadura. Estas son prácticas inhumanas».
Además, señaló que en los estados Sucre y Delta Amacuro estas prácticas «son recurrentes ante la mirada complaciente de las autoridades (…) Es vergonzoso ver a un Ministerio Público pendiente de otras cosas en lugar de castigar estas redes de trata».
Mientras que la diputada Liz Jaramillo recordó que fue a través de un parte policial cuando se descubrió esta red de trata de personas, dedicada a la explotación sexual de menores de edad. «También se conoce que además de los dos detenidos en el desarrollo del caso hay 19 involucrados, donde están los posibles proxenetas de las niñas y niños de esta ciudad llanera».
#SesiónAN | La Dip. @LizCJaramillo finaliza el debate sobre presunta red de prostitución infantil y trata de personas en el estado Apure. pic.twitter.com/1172uXR7T0
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 19, 2021
La parlamentaria dijo que este tipo de redes no son nuevas: «Aquí lo nuevo es el escándalo por estar involucrados militares y cúpulas empresariales de alto rango, pero en Venezuela hace rato se está cosificando a la mujer, que no ve en su país posibilidades de independizarse económicamente».
No a Zonas Económicas Militares
La AN de Guaidó también rechazó durante la sesión ordinaria de la comisión delegada, la figura bajo la que se mantiene este parlamento, la declaratoria de una «Zona Económica Militar de Desarrollo Forestal», creada por el régimen de Nicolás Maduro el pasado 22 de diciembre.
En el acuerdo aprobado por la delegada se declaró la nulidad del decreto 4.391 mediante el cual se creó la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal, así como oficiar a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima «sobre la amenaza que el régimen de Nicolás Maduro representa para el patrimonio ambiental de los venezolanos».
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La diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión permanente de Ambiente, dijo que en medio «de la profundización de la emergencia humanitaria, de la hiperinflación, y de los zarpazos a las libertades, el territorio nacional y sus recursos naturales que sustentan la vida se comprometen una vez más buscando su aniquilación».
Recordó que la altiplanicie de Nuria, ubicada entre los estados Bolívar y Monagas, forma parte de la reserva forestal Imataca, donde justamente se ubican los mayores reservorios del agua potable en el país, así como los ríos que contribuyen a la generación eléctrica.
Mientras que el diputado Orlando Ávila señaló que en esa Zona Económica Militar de Desarrollo Forestal están identificados 22 puntos de minería ilegal, «somos el segundo país con mayor extensión de minería ilegal (…) Por más que quieran crear una zona por una empresa militar, debería seguir bajo surpervisión del Ministerio del Ambiente».
AN de Guaidó con los maestros
La comisión delegada también debatió sobre la situación de los maestros venezolanos, luego de que el pasado 15 de enero se conmemorara su día. La diputada Deyalitza Aray dijo que es «imposible exigirle más a quienes sencillamente ya no aguantan. ¿Cómo alimentar a su familia? ¿cómo cubrir sus gastos personales, y precisamente de personas que están encargadas de formar la ciudadanía?».
Al régimen no le interesa la gente preparada, aseveró la diputada, «quieren vernos sometidos pero eso no va a pasar porque hay muchos hombres y mujeres con reserva ética, como los maestros».
Marianela Fernández aseveró que dentro de la clase empobrecida venezolana están los maestros. «Muchos dirán que no hay nada que celebrar, pero sí tenemos que levantar la voz con ellos por sus exigencias. Es triste que para este periodo escolar 2020-2021, siete de cada 10 educadores se refugiaron en el comercio informal para poder mantenerse, tres de cada 10 ha migrado».
Mientras que el diputado Macario González recordó a Bolivia Suárez, expresidenta de la subcomisión de Educación, por su lucha por los derechos de los maestros y profesores. También coincidió con Fernández al decir que «prácticamente podemos decir que los educadores están viviendo en estado de pobreza extrema, en el rango más alto apenas alcanzan los 5 dólares mensuales».
Hoy no tienen seguridad social, tienen que acudir al sistema público de hospitales y sabemos cómo está, mencionó el parlamentario. «Hoy tenemos dos situaciones: la de unos maestros empobrecidos y una cúpula del poder enriquecida, que exhibe cuentas y riquezas en todo el mundo. Nuestros educadores hoy no pueden aspirar a una calidad de vida porque sus salarios no se los da».
