AN aprueba reforma de la Ley del TSJ que aumenta a 32 el número de magistrados
Las salas ordinarias pasan a tener cinco jueces y la Sala Constitucional contará con siete integrantes. La AN La remitió a la administración de Delcy Rodríguez para su promulgación y entrada en vigencia oficial
La Asamblea Nacional (AN) aprobó este 12 de mayo, en segunda discusión, la reforma parcial de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual aumenta el número de magistrados de 20 a 32.
La normativa, que ahora será enviada al Ejecutivo para su ejecútese, introduce cambios estructurales profundos en el Poder Judicial, destacando la ampliación del número de magistrados para optimizar la respuesta procesal.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que el artículo 8 fue aprobado tal como se estableció en el informe de la Comisión de Política Interior. Esta modificación eleva la conformación de la Sala Plena de 20 a 32 magistrados, una medida que busca atender los retrasos en las decisiones judiciales y fortalecer la eficiencia operativa del máximo tribunal del país.
De acuerdo con la reforma del artículo 8, las cinco salas ordinarias del TSJ pasarán de tres a cinco integrantes cada una. Asimismo, la Sala Constitucional incrementará su número de magistrados de cinco a siete. Según la exposición de motivos de la norma, este aumento permitirá procesar de manera más ágil las demandas de justicia de la población ante la acumulación de causas pendientes de resolución.
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Por otra parte, la reforma del artículo 80 establece que la Inspectoría General de Tribunales, la Inspectoría General de la Defensa Pública y la Escuela Nacional de la Magistratura pasan a ser órganos dependientes jerárquica y funcionalmente de la Sala Plena. La ley también fija un periodo de siete años para los suplentes de estos órganos auxiliares, cuyo nombramiento seguirá un procedimiento similar al de los magistrados principales.
La normativa incluye disposiciones finales que obligan al Tribunal Supremo de Justicia a iniciar un proceso inmediato de reorganización interna conforme a los nuevos parámetros legales. Esta reestructuración es considerada por el Legislativo como un paso fundamental para la modernización del sistema judicial venezolano.
La versión oficial sostiene que esta reforma integral garantiza un mejor funcionamiento de las instituciones y asegura el debido proceso para los ciudadanos. Una vez cumplida la sanción legislativa, el TSJ deberá adecuar su estructura organizativa para incorporar a los nuevos magistrados y operativizar las salas ampliadas bajo la nueva jerarquía de la Sala Plena.
La primera discusión de la norma se dio el pasado 5 de mayo. La propuesta modificó la composición del alto juzgado, con el objetivo de «fortalecer» el sistema de administración de justicia y garantizar una respuesta jurisdiccional más eficiente a los ciudadanos.
El texto aprobado estableció un incremento significativo en la cantidad de magistrados que integran las diversas instancias del tribunal. Según el documento, que fundamentó la reforma, cada una de las salas del TSJ contará con cinco magistrados principales, a excepción de la Sala Constitucional. Esta última, en su condición de garante final de la norma fundamental, estará integrada por siete magistrados principales.
Con esta nueva arquitectura, el número total de integrantes del máximo tribunal ascendió a 32 funcionarios.
AN aprueba acuerdo por el Esequibo
La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, un acuerdo en respaldo a la defensa integral del territorio de la Guayana Esequiba y a la estrategia jurídica del Estado venezolano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El instrumento parlamentario busca cerrar filas en torno a la integridad territorial y fortalecer la posición del Ejecutivo nacional tras la reciente comparecencia de la delegación venezolana en La Haya.
El diputado oficialista José Gregorio Vielma Mora, encargado de presentar el proyecto, calificó el momento como «definitorio para la historia republicana». Durante su intervención, destacó que la defensa de los 159.542 km al cuadrado en disputa es un mandato sagrado que trasciende intereses partidistas, fundamentando la postura nacional en la legitimidad del Acuerdo de Ginebra de 1966 como único instrumento válido para resolver la controversia.
El acuerdo parlamentario ratifica tres pilares fundamentales expuestos por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la CIJ: la nulidad del Laudo Arbitral de París de 1899, la vigencia del Acuerdo de Ginebra y la unidad nacional frente a desafíos externos. Vielma Mora enfatizó que el país no reconoce la jurisdicción del tribunal de la ONU para esta causa, basándose en la tradición histórica de no consentimiento para someter asuntos de soberanía a terceros.
Por su parte, representantes de la bancada opositora como Antonio Ecarri y José Gregorio Correa (Acción Democrática) se sumaron al rechazo del laudo de 1899. Ecarri denunció que el Gobierno de Guyana explota recursos en territorio en disputa, incluso en la proyección marítima venezolana, mientras que Correa ratificó que la actual generación y las venideras mantendrán la reclamación histórica sobre el territorio heredado de la Capitanía General de 1777.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, propuso formalmente que este acuerdo sea debatido y aprobado por todos los consejos legislativos y cámaras municipales del país durante esta misma semana. Infante alertó que detrás de la judicialización del conflicto por parte de Georgetown se encuentran los intereses de corporaciones energéticas transnacionales.
«Detrás de la postura de Guyana está la mano de transnacionales como la ExxonMobil. Los intereses energéticos globales buscan apoderarse de los recursos que pertenecen a Venezuela», sentenció Infante. El parlamentario insistió en que ningún fallo judicial resolverá el conflicto y que la única solución posible reside en el diálogo bilateral directo para alcanzar un arreglo satisfactorio para ambas naciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
