Amnistía, recuperación de activos y ayuda humanitaria fueron aprobados por el Parlamento
El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró que Maduro «usurpa una banda pero no lo hace presidente, usurpa símbolos pero no lo hacen mandatario»
Luego de declarar la usurpación, vienen las medidas para la transición. Esta es la premisa de la Asamblea Nacional que durante su segunda sesión ordinaria del año aprobó los decretos para declarar una Ley de Amnistía, solicitar a a varios países y la Unión Europea la congelación de activos producto de la corrupción en el exterior; y por último, la autorización para que ingrese ayuda humanitaria al país.
En primera instancia, la AN acordó declarar la usurpación de Nicolás Maduro en la Presidencia de la República, repudiar sus actos y adoptar un marco legislativo para la transición política y económica que garantice la trasferencia de competencias del Ejecutivo.
Sobre la Amnistía, la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano – Miranda) aclaró que está dirigida no solo a los presos políticos tanto civiles como militares que han sido víctimas del «régimen de Nicolás Maduro», sino que también incluye a los funcionarios de los cuerpos de seguridad, administración pública y Fuerza Armada que «hayan colaborado o colaboren con la restitución del orden constitucional».
«Esta dictadura no les garantiza nada», sentenció Sólorzano, quien aclaró que no buscan soluciones violentas, sino apego a la Constitución y las leyes.
Reiteró que el Parlamento está dispuesto a «otorgar garantías claras a los funcionarios (…) Necesitamos que cada funcionario se ponga del lado del pueblo». Este proyecto de Ley de Amnistía y garantías fue trabajado por Solórzano, Henry Ramos Allup, Juan Miguel Matheus y Adriana Pichardo.
Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró que Maduro «usurpa una banda pero no lo hace presidente, usurpa símbolos pero no lo hacen mandatario».
Guaidó recordó los momentos de su detención y coincidió con Solórzano en que el «régimen» no protege a nadie, al referirse a los funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) que fueron apresados.
Aquí nadie pretende torcer brazos ni rodillas sino estrechar brazos con aquellos que quieren vivir bajo el imperio de la ley (…) funcionario, familia militar, aquí estamos cumpliendo con nuestra palabra porque aquí si hay gente que cumple», aseveró Guaidó antes de ser aprobado el acuerdo.
El acuerdo aprobado establece «Decretar una Ley de Amnistía y de Reconocimiento de todas las Garantías de Reinserción Democrática para los funcionarios civiles y militares que colaboren o hayan colaborado en la Restitución del orden constitucional y la restauración del sistema democrático en Venezuela».
Mientras que el proyecto de ley, que pasó al estudio de la Comisión de Política Interior y a la que tuvo acceso TalCual, contiene seis artículos donde se plantea liberación de presos políticos, amnistía para exiliados y perseguidos desde 1999 «hasta la entrada en vigencia de la presente ley».
También se plantea conceder «todas las garantías constitucionales en favor de todos aquellos funcionarios civiles y militares que, actuando con base en los artículos 333 y 350 de la Constitución» colaboren con la restitución de la democracia.
Protección de activos
En el tercer proyecto del día, los diputados acordaron solicitar a 18 países y la Unión Europea una serie de medidas para proteger una serie de activos producto de la corrupción que se han identificado en el exterior, con el objetivo de impedir su uso por parte de Nicolás Maduro y crear una serie de fondos que sean utilizados en la transición.
El acuerdo presentando por Carlos Paparoni (Primero Justicia – Táchira), la Asamblea Nacional se reafirma como un órgano con el «deber» de controlar las «actuaciones ilegítimas e inconstitucionales del régimen de Nicolás Maduro».
Por ello, adoptaron el desconocimiento de los actos que realice la Administración pública bajo su mandato a partir del 10 de enero de 2019.
Además, los parlamentarios solicitan a la banca privada en Argentina,Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras,Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Bulgaria, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes y la Unión Europea «la prohibición del manejo de fondos, cuentas y activos del Estado venezolano en sus entidades financieras».
Ayuda humanitaria
El Parlamento nacional por primera vez autorizó la entrada de ayuda humanitaria al territorio nacional, luego de que declarase en varias oportunidades la crisis en salud y alimentación que sufre la población venezolana.
Al existir usurpación, los diputados aseguraron que tienen las competencias para legislar en este caso, por lo que autorizaron que organismos multilaterales envíen la ayuda con la condición de no permitir el «monopolio del Estado sobre la administración y orientación» de esos envíos o que se utilicen para «propaganda» del régimen.
La aprobación de fondos provenientes de organismos bilaterales y agencias de cooperación (como la Acnur, OIM o Unicef) para asistir directamente a los hogares más vulnerables también está prevista en el acuerdo aprobado por los diputados opositores.
También, se exhortó a estos organismos y la comunidad internacional «para que se apoyen en las distintas iglesias, las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) y las redes médicas para hacer contraloría, veeduría y acompañamiento de los programas de ayuda».
El Parlamento además se comprometió a gestionar la «producción e importación extraordinaria de alimentos de la canasta básica para abastecer al país», con lo cual dejan en claro que incentivar la producción nacional es uno de sus objetivos.
