Asamblea Nacional aprueba que se realice juicio contra Nicolás Maduro
La Asamblea Nacional aprobó que el TSJ en el exilio prosiga el antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro, por estar supuestamente incurso en actos de corrupción vinculados a la constructora brasileña Odebrecht
Este 17 de abril, la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se le da «luz verde» a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que se conformaron en el exilio, para proseguir el antejuicio de mérito que se sigue contra Nicolás Maduro por presuntos actos de corrupción.
La propuesta fue aprobada con 105 votos a favor por parte de los diputados opositores, mientras que los únicos dos parlamentarios del Gran Polo Patriótico presentes en la sesión expresaron su negativa ante este acuerdo.
Aproximadamente a las 10:30 am, se inició la sesión ordinaria donde el punto único a discutir era la solicitud para aprobar que se continúe el juicio contra Maduro por los hechos de corrupción, vinculados al pago de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht durante las campañas presidenciales de 2012 y 2013.
Al inicio, una de las cosas que fue denunciada por el presidente del Parlamento, Omar Barboza, fue que a los periodistas que cubren la fuente legislativa no los dejaron ingresar al Palacio Federal, por lo que los diputados sesionaron a puerta cerrada.
Por órdenes del coronel Bladimir Lugo Armas (jefe del cuadrante de seguridad que comprende la AN, el CNE y el TSJ), al menos 25 medios de comunicación no pudieron ingresar a la sesión. Supuestamente, la medida se debía a «órdenes superiores».
Barboza también denunció que el canal interno de la Asamblea, Capitolio TV, no podía emitir la señal de la sesión, por lo que los diputados usaron sus redes sociales para informar sobre el desarrollo de la sesión.
Apareció el PSUV
A la sesión asistieron 107 diputados de los 163 que actualmente conforman el Parlamento. Por los legisladores de oposición no se presentaron Gaby Arellano de Voluntad Popular (quien tiene una orden de captura), Rafael Guzmán (recientemente operado) y Jorge Millán, ambos de Primero Justicia; y María Teresa Pérez (Avanzada Progresista).
Los suplentes de Arellano y Guzmán son los los parlamentarios Renzo Prieto, preso desde 2014 y que nunca ha podido juramentarse en el cargo; y Gilber Caro, apresado por el Sebin desde 2017 bajo la presunta acusación de terrorismo. Sobre Millán y Pérez se desconoce el motivo de la inasistencia.
La gran sorpresa fue la presencia de Juan Marín (PSUV-Guárico) e Ilenia Medina (PPT-Distrito Capital), quienes solicitaron la votación nominal y calificaron de «mamarrachada» la actuación de la AN.
La última vez que un diputado del chavismo asistió a una sesión de la Asamblea Nacional fue en agosto de 2017, cuando Marcos Padovani (PSUV-Sucre) solicitó a la junta directiva de aquel entonces (presidida por Julio Borges) su incorporación como principal.
A los parlamentarios se les recibió con algunos vítores de «reconocen a la Asamblea», pero Marín dijo que su presencia en el hemiciclo de sesiones no significa que se reconozca al Poder Legislativo, e insistió en que la vida republicana se encuentra en normalidad en el país.
A juicio del diputado del PSUV, Venezuela se encuentra «ante una situación que es violatoria del Derecho de nuestra Constitución» por las acciones del TSJ en el exilio, por lo que dijo que «no es posible aceptar que un ente extranjero, ajeno, ajurídico, pueda tener efecto sobre nosotros».
Con el fin de defender su punto, pidió la «verificación nominal» del voto lo que provocó la molestia de sus colegas.
No tiene asidero político las acciones de un organismo inexistente, con una convocatoria en Colombia, con una señora (Luisa Ortega Díaz) sobre la que pesan cargos sobre corrupción. Me van a disculpar, pero no es más que una mamarrachada, indicó Marín durante la sesión.
Además, dijo que esa sesión representaba un nuevo intento de golpe de Estado y la búsqueda de «sabotear» las elecciones del 20 de mayo.
Habla la oposición
El diputado Henry Ramos Allup inició el debate manifestando que además de la investigación que se esté realizando en el Poder Legislativo, se debería hacer una pesquisa fuera, pues le daría mucho más credibilidad a las acusaciones contra Maduro.
Además, Ramos Allup explicó que el Reglamento Interior y de Debates que rige a la AN «tiene rango de ley orgánica, en ejecución directa de la Constitución y no hay norma que pueda interponerse en la eventual aprobación de este proceso (…) y ahora lo que nos corresponde es declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro”.
Juan Pablo Guanipa aseguró que aquellos que están en el poder se encuentran «enfermos» de esa fuerza y dijo que el dinero que se ha percibido en los últimos 20 años en el país -que ronda unos 400.000 millones de dólares- «es 20 veces lo que Estados Unidos dio a Europa a través del Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial».
En ese sentido, cuestionó el estado de Venezuela actual porque «eso no se ha traducido en posibilidad de que se tenga una mejor calidad de vida», hecho que achacó a la corrupción. Mencionó además que han habido «casos emblemáticos» en la región, específicamente en Brasil y Perú.
Guanipa señaló que en otras naciones, a pesar de que existieron esos actos de peculado, las obras de Odebrecht han sido terminadas, mientras que en Venezuela el 80% de las mismas continúan inconclusas porque «no solo se robaron el dinero con sobreprecio y sobornos».
Juan Guaidó detalló que Odebrecht dejó $16 mil millones en daño patrimonial al país, en obras inconclusas, pero dio $35 millones para la campaña de Maduro. “La corrupción de ese hombre es la que hoy nos ahoga (…) Estos son los hechos que nos permiten avanzar en este proceso de juicio contra Maduro. Hoy es un día de orden para la justicia y para la nación.”
Por su parte, el presidente Omar Barboza recordó que hace cuatro años se ordenó la investigación del uso de dineros que serían utilizados para el pago de sobornos. «Eran todos amigos del gobierno, testaferros para utilizar 25 millones de dólares mal habidos y robados a la Nación».
Según Barboza, el Parlamento no puede dejar de apoyar cualquier iniciativa que investigue la corrupción. Además, dijo que el desacato a ese poder fue declarado por el Tribunal Supremo de Justicia para «amparar los delitos y evitar el control del uso de los recursos públicos».
Antes de votar, el diputado Edgar Zambrano rechazó el procedimiento solicitado con anterioridad por el parlamentario oficialista, Juan Marín, de verificar la votación nominal, ya que no se puede pedir una verificación sin conocer cuál fue el acuerdo que se someterá a consideración, esto según el Reglamento.
