Ahora le tocó a Últimas Noticias, por Teodoro Petkoff
Últimas Noticias, su director Eleazar Díaz Rangel y la periodista Luz Mely Reyes han sido amenazados con una demanda por el ministro de la Economía Popular, Pedro Morejón. ¿La causa? La publicación de una documentada serie de reportajes de investigación sobre un supuesto guiso iranívenezolano, pestilente caso que, como en tantos otros, habría hecho desaparecer millones de dólares en las faltriqueras de algunos integrantes de la boliburguesía y sus cómplices en el gobierno.
La amenaza de demanda es la lógica consecuencia del regaño que una semana antes el propio Yo El Supremo hizo a Díaz Rangel, a quien acusó de ser una marioneta de los dueños del popular diario, sirviendo a intereses, como siempre, “oscuros” y, como siempre, vinculados al “imperialismo”. Morejón simplemente cogió línea. La respuesta del director de Últimas Noticias, en ambas ocasiones, fue apropiada, pero en la segunda dejó deslizar una frase que ni él mismo cree: “la conducta del ministro Morejón no puede considerarse política del gobierno”, habiendo apuntado antes que “por primera vez, un periodista recibe en este gobierno una carta como esta de un burócrata de alto nivel. A ningún otro se le ha amenazado como ahora”.
No tiene razón Díaz Rangel. La conducta del ministro Morejón no es aislada y sí forma parte de la política de este gobierno. Es cierto que es la “primera vez” que un periodista es amenazado de esta manera, pero también es la “primera vez” que un diario y un articulista de opinión, para el caso TalCual y Laureano Márquez, han sido multados con la nimiedad de 105 millones de bolívares; es la “primera vez” que se anuncia la cancelación de la concesión a una televisora, para el caso RCTV; es la “primera vez” que se somete a juicio al periodista Gustavo Azócar, en San Cristóbal; es la “primera vez” que se somete a juicio al periodista José Clemente Ocanto, en Barquisimeto; una “primera vez” le fueron confiscados los equipos de microondas a Globovisión; por “primera vez” han sido abiertos juicios, que siguen pendientes, a varios comunicadores sociales.
De modo que sí es política del gobierno la de ir reduciendo progresivamente el espacio para el ejercicio de la libertad de expresión, mediante un perverso y muy sofisticado conjunto de procedimientos judiciales cuyo propósito es el de crear, a través del miedo, un clima de autocensura en los medios, sus propietarios, sus trabajadores y sus articulistas de opinión.
En cada uno de los casos el mensaje es el mismo: pon tus bardas en remojo cuando veas arder las de tu vecino. Si a un diario como Últimas Noticias, cuyo director es un chavista conocido, se le puede amenazar con una demanda, acusándolo de que “podría formar parte de una conspiración nacional e internacional”, según reza la ya cajonera y nada imaginativa retórica de los regímenes autoritarios, ¿qué pueden esperar los demás medios y periodistas o articulistas de opinión de un gobierno que hace cada vez más ostensible su disposición de silenciar la crítica y las posturas disidentes?
