Academia de Ciencias Políticas rechaza Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios
Este impuesto obliga a las personas naturales y jurídicas a pagar la porción del patrimonio que supere los 36 millones de unidades tributarias para las personas naturales y 100 millones de unidades tributarias, para las personas jurídicas
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales rechazó la Ley de Impuestos a los Grandes Patrimonios aprobada por la constituyente y alertó a la ciudadanía de la nulidad e ineficacia del mencionado acto, con el cual se pretende crear un impuesto al patrimonio neto.
La ley fue publicada en la Gaceta Oficial N° 41.667 con fecha del 3 de julio y expone que “se crea un impuesto que grava el patrimonio neto de los sujetos pasivos especiales cuyo patrimonio sea igual o superior a 36 millones de unidades tributarias para las personas naturales y 100 millones de unidades tributarias para las personas jurídicas”, expone.
En este sentido, las personas naturales y jurídicas están obligadas a pagar este impuesto por la porción del patrimonio que supere los montos antes mencionados. Ante esto la Academia de Ciencias Políticas y Sociales reiteró una vez más su criterio sobre la ilegitimidad de origen de la constituyente, y condenó la pretensión de legislar sobre materias de la reserva legal y sustituirse en las competencias legislativas en materia tributaria.
Destacó que este inconstitucional impuesto al patrimonio resulta asistemático, al impedir su deducibilidad como gasto del impuesto sobre la renta, contemplar la posibilidad de ser objeto de absurdas retenciones y percepciones que producirían el fenómeno de la doble tributación, al convertirse en una especia de sobretasa del impuesto sobre la renta.
Cobran y se dan el vuelto:
El artículo dos de la Gaceta Oficial N° 41.667 informó que la administración, recaudación y cobro del impuesto, corresponden de manera exclusiva al Poder Público Nacional.
Con esta nueva ley se intenta cobrar hasta el 1,5% a personas naturales con más de 250.000 euros (282.500 dólares) de activos y a empresas cuyo patrimonio sume más de 650.000 euros (734.500 dólares). La medida establece que las personas y empresas consideradas en esta categoría paguen “de manera progresiva” del “0,25 % al 1,5 % del patrimonio total”. El licenciado en ciencias fiscales Héctor Orochena, en una entrevista para Unión Radio, el pasado jueves 11 de julio, aseguró que la nueva ley se encuentra fuera de la Constitución Nacional y añadió que esta decisión “no debería entrar en vigencia ya que sus bases no están claramente definidas.
Destacó que resulta ser un impuesto que es incompatible al partir de una falsa premisa basada sobre un dogma donde solo “los ricos” deben pagar impuesto, “nuestra Constitución dice todo lo contario y es que todos deben contribuir a las cargas públicas”, indicó.
