18 años después de la Masacre de Vista Hermosa aún el Estado venezolano no responde
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) responsabilizó a Venezuela por los hechos de Vista Hermosa pero, hasta la fecha, el Estado venezolano no ha reparado los daños de las víctimas, ni ha respondido ninguno de los mandatos de la sentencia
Hace 18 años la violencia fue la marca por la que sería noticia el Internado Judicial del estado Bolívar, mejor conocido como Vista Hermosa, escenario de una masacre en la cual siete privados de libertad fueron asesinados y otros 50 resultaron gravemente heridos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) junto a los familiares de las víctimas se mantuvieron firmes en el proceso por encontrar justicia y lograron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableciera la responsabilidad del Estado venezolano por los hechos.
Sin embargo, hasta la fecha el Estado no ha reparado los daños de las víctimas, ni ha respondido ninguno de los mandatos de la sentencia.
En homenaje a las víctimas y sus familiares, el OVP presentó un informe denominado “Vista Hermosa: Una masacre llena de promesas sin cumplir”.
Carolina Girón, directora del OVP, manifestó que en el informe se plasma cada golpe, cada disparo y cada maltrato. Se relata detalladamente cómo fue el proceso de investigación nacional e internacional de este caso y se exponen los relatos de los familiares de los fallecidos en la masacre, de sobrevivientes y de aquellas personas que participaron en la investigación de este suceso, ocurrido el 10 de noviembre de 2003.
Humberto Prado, fundador del OVP y director del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Prisiones (OLACP), comentó que cuando suceden este tipo de hechos en los penales, por lo general se responsabiliza a los presos y a sus familiares y en efecto, eso fue lo que pasó cuando sucedió la masacre de Vista Hermosa: la primera versión de las autoridades fue que se trataba de un motín entre internos por el control del penal.
Prado recordó que decidieron trasladarse hasta Bolívar para poder entrar al penal, donde obtuvieron información de primera mano. Hablaron con los sobrevivientes, quienes aclararon que no se trató de un motín sino de unas ejecuciones extrajudiciales a manos de efectivos de la Guardia Nacional y de funcionarios penitenciarios.
Los presos además le entregaron una carta donde relataban cómo fueron los hechos y en la que quedaba en evidencia que los funcionarios ingresaron al penal con la excusa del conteo diario, pero finalmente dispararon a mansalva contra la población penitenciaria.
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Las víctimas fueron identificadas como Orlando Edgardo Olivares Muñoz, Joel Ronaldy Reyes Nava, Orangel José Figueroa, Héctor Javier Muñoz Valerio, Pedro Ramón López Chaurán, José Gregorio Bolívar Corro y Richard Alexis Núñez Palma.
En ese entonces, el OVP constató que los fallecidos eran los líderes de los pabellones, quienes además habían sido los voceros en una huelga de hambre que duró 15 días para exigir mejor alimentación, el cese de los maltratos y mejoras generales en las condiciones de reclusión.
Juan Carlos Gutiérrez, abogado representante de las víctimas y presidente del Instituto de DDHH Asociación Mundial de Juristas, detalló que desde el inicio hubo trabas para recabar evidencias y testimonios de lo sucedido, y posteriormente convencer al Ministerio Público que había un caso que investigar.
“Un cúmulo de pruebas, recabadas de exhumaciones a los cadáveres de las víctimas, confirmó lo que denunciaba OVP”, comentó Gutiérrez, quien además recordó que fueron solicitadas órdenes de aprehensión contra los responsables, lo que se terminó convirtiendo en una batalla entre la Fiscalía y los Tribunales.
A pesar de que las órdenes de aprehensión fueron emitidas, hubo graves violaciones al debido proceso y por ello las familias, con apoyo del Observatorio, acudieron a instancias internacionales.
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María Daniela Rivero, consultora en el área de Derechos Humanos y Derecho Internacional, fue la encargada junto a OVP de llevar el caso ante la CorteIDH. El caso fue presentado en 2019 y tuvieron que reconstruir los relatos y testimonios, además de presentar a las víctimas. En 2020 cuando concedieron la audiencia fue interrumpida por la pandemia, pero meses después lograron que la corte escuchara a las víctimas por primera vez.
Sentencia de la Corte IDH
La CorteIDH estableció que su sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación y ordenó medidas de reparación integral, como la obligación de investigar para que el Estado reinicie con la debida diligencia, la investigación y el proceso penal que corresponda por los hechos ocurridos; medidas de rehabilitación para que el Estado brinde gratuitamente tratamiento médico y psicológico y/o psiquiátrico a las 27 víctimas lesionadas y a los familiares de las víctimas fallecidas.
La Corte determinó que el Estado deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y reformar su legislación para delimitar las causales que autorizan a autoridades militares cómo ingresar a centros penitenciarios, con la previsión de la excepcionalidad de su actuación y garantizando la subordinación y fiscalización respecto a las autoridades civiles.
A pesar de los mandatos de la CIDH, el Estado no ha respondido a ninguno de los mandatos y 19 años más tarde el penal de Vista Hermosa tiene más de 3.000 privados de libertad que continúan sobreviviendo bajo el control del pranato, quienes manejan armas de alto calibre, además del tráfico de estupefacientes y la custodia externa del penal sigue en manos de la Guardia Nacional.
