España acepta petición de EEUU para extraditar a exgerente de filial de Pdvsa
Rincón Godoy había sido arrestado el pasado mes de octubre de 2017 por la Guardia Civil tras una orden de un tribunal de Texas, que había iniciado una investigación en su contra por blanqueo, corrupción, y su vinculación
El Consejo de Ministros español aprobó este viernes extraditar a Estados Unidos a César David Rincón Godoy, exgerente de la firma subsidiaria de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Bariven.
Rincón Godoy había sido arrestado el pasado mes de octubre de 2017 por la Guardia Civil tras una orden de un tribunal de Texas, que había iniciado una investigación en su contra por blanqueo, corrupción, y su vinculación con la organización criminal en la petrolera estatal de Venezuela, reseñó en diario español El País.
La extradición de Rincón se llevará a cabo con el procedimiento de entrega inmediata, pues se pudo conocer que el exfuncionario aceptó la petición de las autoridades estadounidenses.
Bariven fue la filial encargada de las compras internacionales de Pdvsa, y entre los muchos desfalcos que tuvieron su origen en ese despacho destaca la compra de miles de millones malversados en la compra de alimentos para los programas de distribución del gobierno.
Asimismo, el Gobierno español también mantiene bajo su custodia a otros tres ex altos personeros del gobierno de Venezuela, se trata del exviceministro de Energía de Venezuela Nervis Villalobos; el exdirector de Seguridad y Prevención de PDVSA Rafael Ernesto Reiter Muñoz; y el exdirector de Finanzas de Electricidad de Caracas Luis Carlos León Pérez.
Sin embargo, queda ahora a decisión de la Audiencia Nacional si entregan a Estados Unidos a los tres exfuncionarios que permanecen bajo prisión preventiva igualmente desde octubre.
Según reveló el portal español, Nervis Villalobos integró una red de testaferros durante la presidencia de Hugo Chávez, en la que cobró alrededor de 2.000 millones de euros en comisiones ilegales por la venta de petróleo a empresas extranjeras.
Dichas sumas de dinero se habrían manejado a través de 37 cuentas corrientes de la Banca Privada de Andorra (BPA), entre los años 2007 y 2012, de acuerdo con las investigaciones de la magistrada andorrana, Canòlic Mingorance.
