El tema de los “grupos exterminio” es recurrente en TalCual porque es recurrente en la vida. Esta vez nuestra reportera Valentina Lares se trasladó a Falcón y las historia que encontró, comienzan hoy (páginas 4 y 5), se extenderán a lo largo de tres reportajes.
El caso de los grupos de exterminio tiene dos dimensiones que conviene analizar. Primero que nada, y por horrible que parezca y sea, cuentan con una no desdeñable legitimación social. Las insuficiencias y debilidades de las instituciones de prevención y represión del delito y el fracaso de las políticas oficiales para combatir las causas socioculturales de la delincuencia han generado, en una población traumatizada por la irrefrenable ofensiva hamponil, una suerte de aprobación tácita o explícita de la acción de los grupos delictivos con chapa policial. Puesto que, en fin de cuentas, la mayor parte de las víctimas del exterminio son verdaderos o presuntos delincuentes, su eliminación física no genera mayores escrúpulos legales o constitucionales en la opinión pública. Al contrario, la reacción más general es la de aplaudir esa forma de “justicia”. De hecho, en Falcón varios centenares de personas desfilaron, encabezadas por el propio comandante, vitoreando a un cuerpo policial que es acusado de albergar un “grupo exterminio”.
La segunda dimensión del asunto es la que atañe a la observancia de la ley por parte de quienes están obligados a aplicarla. Que en tantos sitios hayan proliferado estos “escuadrones de la muerte” lleva a preguntarse cuál es la calificación y la formación que poseen tanto los agentes policiales como sus comandantes. Por mucho que para una parte de la población sea válida la aplicación de la pena de muerte a los delincuentes, para las autoridades tendría que estar clara la existencia de la norma constitucional que la prohíbe y aquella de que corresponde a los tribunales la aplicación de las sanciones a los delincuentes. Una sólida formación en este aspecto, así como el que atiende al respeto por los derechos humanos (porque es al Estado a quien corresponde velar básicamente por ellos y no puede transgredirlos ni siquiera para castigar a quienes transgreden los derechos del ciudadano común), tendría que frenar en los conductores de los cuerpos policiales el impulso a aceptar la aplicación de la justicia por mano propia, aun ante la evidencia de la impunidad no pocas veces promovida por los propios órganos judiciales. Pero, lo que ocurre es lo contrario. Muchas veces es desde arriba de donde se induce y protege el delito contra el delito, en tanto que hay gobernadores a los cuales les costaría dar una explicación plausible de su evidente pasividad ante estas circunstancias.
El del “exterminio” es un mal que ha hecho metástasis. Más grave, sin embargo, no es que exista sino la impunidad que lo protege. Son pocas las excepciones en las cuales, como antes en Portuguesa o ahora en Falcón, haya habido acción de la Fiscalía para acusar a los exterminadores. Es el testimonio lamentable del fracaso del Estado allí donde más necesaria es su presencia, allí donde están los más desamparados de nuestros compatriotas
