12 pemones presos en el Rodeo II requieren atención médica urgente
El coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, aspira que en los próximos días se fije fecha para el inicio del juicio contra estos 12 pemones que aún continúan en el Rodeo II
Tras la muerte del indígena pemón Salvador Franco, ocurrida el 3 de enero de 2020, aumenta la preocupación por el estado de salud de los otros 12 pemones que continúan recluidos en el Rodeo II. Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, dice que “están en las mismas condiciones”, aunque no tan delicados de salud como Salvador Franco.
Todos fueron detenidos en en diciembre de 2019 por supuestamente estar implicados en el asalto al Batallón 513 de Infantería de Selva Mariano Montilla, en el sector Luepa del municipio Gran Sabana, estado Bolívar, ocurrido el 22 de diciembre.
Estos 12 pemones están identificados como Fiacencio Meya Fernández, Lisandro González, Carlos Alfredo Fernández, Julio Leomar Delgado, Carlos César García, Ronny Kelvin Sánchez Lambos, Oscar Albaniz Pérez, Amílcar José Pérez, Frederick Fernández, Frank José Fernández, Willy Gabriel Martínez y Pantaleón Jóvito Mesía, pertenecientes a la comunidad indígena Kumaracapay.
“Están expuestos a las mismas situaciones, condiciones, enfermedades a las que estaba expuesto Salvador Franco”, detalla Himiob y recuerda que en este centro penitenciario desde hace mucho tiempo hay brote de tuberculosis que no ha sido debidamente atendido; lo que pone a todos los reclusos del lugar “en situación de riesgo, sumando a la desnutrición, falta de alimento, agua potable para el consumo y la falta de medicinas”.
El coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, cree que los otros 12 pemones que quedan detenidos en el Rodeo II también pueden estar contagiados de tuberculosis, por ser una enfermedad que se transmite fácilmente de persona a persona; por lo que piden al tribunal encargado de esta causa “el traslado a un centro de salud de todos los indígenas para que sean sometidos a evaluaciones y tratamientos médicos de manera urgente”.
En este sentido, Ortiz especifica que ante el delicado estado de salud de Salvador Franco habían interpuesto múltiples denuncias ante el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de protección de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), representantes de la oficina de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Caracas y, aunque Salvador Franco murió esperando atención médica, el Foro Penal confía en que los pronunciamientos “sean más contundentes con los otros pemones”.
Los familiares de los pemones no los han visto y solo logran saber de sus condiciones de vida cuando van al centro penitenciario a llevarles comida y medicinas, y los funcionarios del lugar les dan un poco de información.
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Tuberculosis y desnutrición
El certificado de defunción del pemón Salvador Franco dice que la causa exacta de la muerte fue “edema cerebral, shock séptico, empiema, neumonía bilateral abscedada a causa de tuberculosis y desnutrición”. Sin embargo, Himiob resume que básicamente falleció por la falta de atención médica tras el grave estado de salud que presentaba desde hace meses.
Himiob asevera que el responsable de la muerte de Salvador Franco, de 44 años de edad, así como el de empeoramiento progresivo de su estado de salud es el Estado, y detalla que también están involucrados sus custodios por incumplir la orden del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas, que el 21 de noviembre de 2020 pidió que fuese trasladado a un centro hospitalario para que se le brindara tratamiento.
El vicepresidente del Foro Penal sostiene que los funcionarios a cargo de Salvador Franco ponen como excusa ante su irresponsabilidad que esperaban por una orden del Ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero enfatiza que desconocen si “esa autorización nunca se dio o nunca se pidió”.
Del mismo modo, Gonzalo Himiob aclara que cuando un detenido no está condenado, “el que decide qué debe hacerse con él y si debe someterse o no a tratamiento médico es el Tribunal de la causa y no el Ministerio de Asuntos Penitenciarios”.
Pemones inocentes
En enero de 2019, el fiscal general designado por la constituyente Tarek William Saab, dijo que los asaltantes del Batallón 513 cargaron con “131 fusiles, nueve cañones, cinco lanzagranadas, cinco escopetas, dos ametralladoras, 209 granadas, 99 bayonetas y miles de cartuchos con municiones para todas estas armas”.
En ese entonces, el mismo Saab precisó que la mayor parte del material bélico había sido recuperado por la “efectiva actuación de los cuerpos de seguridad” del Estado.
En ese entonces, 18 personas fueron imputadas por supuestamente estar involucradas en el asalto, además de los 13 pemones, cinco militares fueron apresados.
No obstante, Gonzalo Himiob asegura que han solicitado la excarcelación de los pemones por estar “detenidos arbitrariamente por motivos políticos”. El abogado explica que los cargos que se le imputan son “falsos, no existe evidencia alguna que los vincule a la comisión de ningún delito”.
De igual forma, el representante del Foro Penal sostiene que por ellos pertenecer a una etnia indígena “tienen derechos -con base en la Constitución- a ser juzgados por sus pares”; es decir, por las personas dentro de su comunidad encargadas de hacer justicia, “acción que se reclamó en su momento, pero el tribunal negó toda posibilidad”, revela el abogado.
Por su parte, el coordinador Nacional de Pueblos Indígenas del Foro Penal, Olnar Ortiz, aspira que en los próximos días se fije fecha para el inicio del juicio contra estos 12 pemones que aún continúan en el Rodeo II.
Añade que, una vez iniciado el juicio, solicitarán “cualquier medida que sea en beneficio del resto de los hermanos indígenas pemones”.
